A principios de esta semana, el Presidente de la Región de Murcia abría la caja de los truenos al insinuar que los ciudadanos tendrán que hacerse cargo de parte de los costes de los servicios públicos para mantener el sistema administrativo en que estamos inmersos.
Sin entrar a valorar la oportunidad de la propuesta, y estando, en principio, de acuerdo en que los servicios públicos tengan un coste directo (mínimo, por no decir simbólico), pero que haga que se aprecie aquello que se recibe y se valore si realmente es necesario aquello que se solicita, no puedo más que mostrar mi indignación por el planteamiento que se hace, en este caso y en todas las ocasiones en que se habla de esta posibilidad, acerca de este asunto.
Los políticos parecen olvidar, a veces (¿o debería decir siempre?) que el servicio público no es gratuito. Los impuestos que dan cobertura a estos servicios los pagamos los mismos que recibimos estos servicios. Podremos aceptar que es un pago indirecto, pero nunca que hacer que el ciudadano pague una parte pueda llamarse co-pago.
Realmente, el co-pago sería una sorpresa agradable para los ciudadanos. Significaría que alguien, además de nosotros, está pagando los gastos públicos. España tiene uno de los índices de esfuerzo fiscal más altos. Más de la mitad de la renta de los ciudadanos se va en impuestos. Comprar el pan, poner gasolina o tomarnos una cerveza es pagar impuestos, muchos más de los que realmente nos creemos. Aún más, cuando enviamos sms para colaborar, con nuestro dinero, a paliar los efectos de una catástrofe como fue el terremoto de Haití o lo ha sido hace poco el tsunami de Japón, el único que gana algo es el Gobierno que nos cobra el IVA sobre el coste de ese mensaje.
Que no nos hablen de co-pago, que no nos digan que tenemos que pagar una parte de los servicios públicos. Los pagamos todos, íntegros y sin excepción, los usemos o no los usemos, los queramos o no los queramos, nos gusten o no nos gusten. El presunto Estado del Bienestar en que creemos vivir conlleva estas obligaciones, y las tenemos asumidas como tales, pero que nadie nos intente engañar porque nadie, más que los ciudadanos, sostiene económicamente al Estado.
Yo estoy dispuesto a pagarme un seguro médico a cambio de no pagar a la Seguridad Social, creedme, sería mucho mejor, aunque te obligaran a hacerte el seguro médico.
ResponderEliminarTodos sabemos que parte de la nómina de los trabajadores la retiene el empresario para pagar a la seguridad social de dicho trabajador, por eso, y con mayor motivo, en un momento de crisis como este, con una tasa del 20% de paro, pagan los que trabajan por sí mismo y por los que no trabajan, y la S.S no recauda suficiente, y eso crea una gran agujero.
Por otro lado, las nóminas serían algo más altas, la presión fiscal a las empresas muchísimo más baja, por lo tanto, haría más competitivas a las empresas y se crearía empleo mucho más rápido de lo que uno imagina.
Eso es para mí un Estado de Bienestar, un Estado con una buena gestión y unas cuentas eficientes, y abandonaríamos esta miserable situación que nos agobia tanto.
Yo prefiero esto, pero es tan sólo una opinión.
Estoy de acuerdo contigo, Julio, en la definición que haces de Estado de Bienestar. En cuanto a lo que dices sobre los seguros privados, el problema es que la sanidad no se financia a través de la Seguridad Social, sino a través de impuestos, por lo que los seguros privados no resolverían el problema de las retenciones en nómina. Sería, en todo caso, el sistema de pensiones el que habría que reformar, pero en todo caso, mejorando las condiciones de igualdad entre ciudadanos y reduciendo la carga insoportable que resultan las cotizaciones para los empresarios. Quien resuelva esa cuestión, resolverá una gran parte de los problemas del Estado. Hasta entonces, habrá que seguir haciendo encajes de bolillos e intentando cuadrar cuentas que parecen imposibles de mantener en positivo.
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